Bitácora de los socialistas de distrito Centro


QUE FALLA EN ESPAÑA
19 febrero 2013, 10:03 am
Filed under: Opinión | Etiquetas: ,

Daniel OrdásPor Daniel Ordas. Con creciente preocupación los españoles del interior y del exterior contemplamos desde hace varios meses como se deteriora y desprestigia la política española y con ella la imagen de nuestros país en el exterior. Sería fácil culpar de ello al gobierno de turno y alegrarse de que esta vez le toque a otro aguantar los palos. Fácil es también insinuar o incluso decir que los españoles somos más corruptos y ladrones que los demás y más fácil aún es dar la culpa al franquismo y asumir como ley divina el hecho de que nuestros telediarios se hayan convertido en realityshows de los tribunales del país.

A pesar de la muchas escusas fáciles que podríamos invocar para quedarnos tranquilos y no tener que cambiar nada, merece la pena reflexionar un poco más sobre los errores del sistema que nos han llevado al borde del abismo político-económico.

¿Porque en España el sistema es más corrupto que en la mayoría de los países que consideramos civilizados o modernos?

En primero lugar hay que tener en cuenta el origen de nuestro sistema y su gestión para poder analizar cómo hemos llegado a la situación actual. La historia, a diferencia de los que creen muchos, no sirve de excusa, pero si nos sirve para entender y aprender. España vive desde hace 35 años una etapa de democracia con la que generaciones de españoles soñaron y que tuvo un inicio repentino, acelerado e improvisado. En pocos días recordaremos el 32 aniversario del golpe de estado que pudo haber sido el aborto de un proyecto ilusionante y necesario. En aquel momento la joven democracia española resistió a las voces y las armas del pasado y hubo quien pensó que con sobrevivir aquella enfermedad infantil la democracia ya se haría vieja sin más contratiempos. En realidad lo único que habíamos logrado era que la criatura no se muriera en el parto. La joven Constitución Española era por aquel entonces una obra maestra entre las constituciones europeas y recogía derechos y garantías que en otros países no se contemplaron hasta muchos años más tarde. Pero era también una obra maestra por las circunstancias y la velocidad de su creación. Se negoció en pocos meses una Carta Magna entre personas que pocas décadas antes se habían enfrentado en las trincheras de las sierras y valles de España bajo fuego real. Con estas vivencias y tras 40 años de separación física, política y emocional los padres de la Constitución gestaron en pocos meses un pacto que le dio a España el más largo intervalo de bienestar general y democracia de su historia. No solo consiguieron una Constitución que encontró la aprobación de quienes en aquel entonces eran el pueblo sino que dejaron sembradas en el pacto constitucional las semillas para desarrollar una democracia digna y funcional. En aquel entonces no se podía conseguir más, no dejaron una Constitución lo mejor encauzada posible para que la cuidemos y desarrollemos.

El susto del golpe de estado y la conciencia de que España seguía siendo un país inestable y vulnerable llevó a un pacto tácito entre las fuerzas democráticas de que aquella Constitución, fruto del mínimo consenso común sería intocable durante un tiempo, para no desatar los hilos que cuidadosamente se habían atado en 1978. Esta actitud tenía su sentido y justificación en los primeros momentos de la transición democrática, pero se convirtió en un desastre una vez consolidada nuestra democracia y más al conseguir la entrada en la Unión Europea (Comunidad Económica Europea). La constitución del 78 había dejado una enorme parte de los deberes sin hacer, porque en aquel momento no se podía llegar a más acuerdos y porque el tiempo no permitió entregar una “obra finalizada”. A parte de ello, cualquier constitución es por su propia naturaleza una eterna obra que nunca se acaba, más aun si desde un principio se dejan flecos. Uno de esos flecos fue el sistema de las autonomías. La Constitución solo prevé, que será posible crear Comunidades Autónomas, ni las define ni las enumera. Se habló en su día de la España de las 3 vías y hoy vivimos en una España de las 17 vías, en la que no hay ni una sola Comunidad Autónoma que sea totalmente comparable con otra en lo que a deberes y competencias se refiere. Una vez consolidada la democracia hubiera sido imprescindible definir las competencias del Estado, las de las Autonomías y las de los Ayuntamientos, sin embargo se fue desarrollando un encaje de bolillos que no solo crea una crispación continua si no que es un campo de cultivo excelente para todo tipo de corrupciones y favores políticos. La solución del “quién hace qué y con qué medios” podría evitar o por lo menos limitar una parte de la corrupción que sufren todos los partidos dentro de este sistema imperfecto.

Otras semilla que los padres de la constitución dejaron plantada pero nadie regó ni cuido fue la de la participación ciudadana. En los debates previos a la redacción de la Constitución se discutió sobre la posibilidad de implantar una democracia directa siguiendo el modelo suizos y estadounidense. En aquel entonces se consideró que sería prematuro para un pueblo que estaba acostumbrado a recibir órdenes de la autoridad desde hacía siglos. No se consideró factible el paso directo de una dictadura militar a una democracia participativa y se optó por consolidar una democracia de delegación dando un enorme poder a los partidos políticos. No obstante se dejaron en la Constitución los gérmenes que algún día habrían de brotar. Ya el artículo 1 apartado 2 reza que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, en el artículo 23 incluso prevé que los ciudadanos participen directamente en los asuntos públicos. Aquí encontramos la base para una democracia participativa que en su día, con razón, no se puso completar y que hubiera tocado desarrollar. Esa base democrática hoy se ve ridiculizada con las Iniciativas Populares Legislativas cuya regulación impone la Constitución en el artículo 87 apartado 3 y que a la hora de desarrollar la ley orgánica se ha convertido en un insulto a la ciudadanía y su inteligencia. La Ley Orgánica 3/1984 empieza definiendo las materias que se excluyen de la posibilidad de legislar por parte del pueblo. Este exceso de paternalismo y desconfianza nos priva de poder legislar en materia tributaria e internacional y en la gestión de los bienes de dominio público. Además nos prohíbe elaborar leyes orgánicas. Textualmente la Ley Orgánica defiende que se excluyen de la decisión popular los “campos normativos especialmente delicados” En definitiva, hay políticos que en su día creyeron que sabían gestionar nuestro país mejor que nosotros mismos. Gracias a la crisis queda demostrado que esa teoría era mentira. Esta restricción del poder popular no se debe, como muchos insinúan, a la Constitución si no que es un defecto de la ley orgánica desarrollada por el parlamento. Además la Iniciativa Legislativa Popular no lleva automáticamente a una votación popular si no que es el gobierno el que debe de opinar si considera oportuna la celebración de una votación popular.

Lo expuesto demuestra que a pesar de existir en la Constitución una base legal (e incluso una obligación) para implantar instrumentos de la democracia directa, esta tarea en España no se ha llevado a cabo. Hoy por hoy no es de recibo, que el pueblo esté limitado en la articulación de su voluntad por un gobierno y un parlamento que decidan cuales son las “materias delicadas” que el pueblo por su presunta incapacidad no puede legislar. Solo se puede justificar una restricción en aquellas materias que pudieran vulnerar los derechos humanos fundamentales recogidos en la constitución. En todas las demás decisiones políticas el pueblo puede y debe ser libre de retomar las riendas a pesar de haber delegado la competencia legislativa a unos representantes. Con la reforma13 proponemos que el pueblo pueda proponer Iniciativas de Ley vinculantes que sean sometidas siempre a votación popular. A parte de este instrumento activo de participación ciudadana proponemos la posibilidad de vetar mediante referendo decisiones del parlamento cuando el pueblo recoja firmas en contra y declare su rechazo a la ley elaborada por el parlamento. Estos dos instrumentos no son ni mucho menos una utopía perroflautista sino una realidad en estados democráticamente avanzados como Suiza. Solo el control popular puede evitar la sensación de autoservicio que se ha generado en España, donde las posibilidades de influenciar sobre la política se limitan a votar unas listas cerradas cada cuatro años.

Por último para evitar el desarraigo y desprestigio de la política hay que acercarla al pueblo. Es evidente que el pueblo no puede legislar en todas las materias ya que esto bloquearía el funcionamiento del Estado. Gracias a los instrumentos de la democracia directa, el pueblo puede participar activamente en las decisiones e incluso dar su aprobación implícita a la labor parlamentaria renunciando a solicitar un referendo. EL mero hecho de que el pueblo pueda controlar hará que en el parlamento se busquen y encuentren mejores acuerdos y no se siga con los abusos de poder que tienen tradición independientemente de quien ostente el poder. No solo mediante los instrumentos de la democracia directa el pueblo debe de influenciar en la vida política del país sino también a la hora de elegir libre y democráticamente a sus delegados/representantes. También aquí la Constitución vigente hubiera dejado espacio para una elección más democrática. La Constitución no impone que las elecciones se celebren mediante listas cerradas. Las listas abiertas son un instrumento de control más para el pueblo, que no solo evita la corrupción sino que garantiza una representación más directa de los intereses de los ciudadanos y a la vez invita a la moderación y el compromiso entre los representantes. Estos representantes no necesitan dedicarse en exclusivo a la política, ya que esta es una fuente más de la corrupción española. Hemos criado generaciones de personas que solo se han dedicado en su vida a vivir de la política. Más del 99% de ellos lo han hecho con vocación de servicio, pero llega un momento en el que se ven entre la espada y la pared por no ser capaces de regresar al mercado laboral normal. Para esta gente se crean luego puestos ficticios en la administración pública y en los partidos o se les conceden cargos protocolarios en las empresas privadas o privatizadas. Todo esto es perfectamente comprensible, pero inadmisible. El político debe de ser un ciudadano que dedica una parte de su tiempo a la labor parlamentaria y que genera sus ingresos principales en su profesión u oficio, como cualquier otro ciudadano. Por supuesto la labor parlamentaria ha de ser remunerada debidamente y forma un suplemento de los ingresos normales de los políticos milicianos.

Como hemos visto, la democracia directa y las listas abiertas son elementos fundamentales para evitar la corrupción y garantizar el control político en un país. En España, justificado por las circunstancias del momento, hemos dado un enorme poder a los partidos políticos y quienes los gestionan y hemos limitado casi a cero la posibilidad de los ciudadanos de controlar lo que hacen con ese poder sus representantes. Para evitar que crezca la distancia entre los representados y los representantes es imprescindible tomar medidas que desarrollen lo previsto en la Constitución y que vayan más allá. Es necesario implantar un sistema de democracia directa y de listas abiertas de políticos milicianos para volver a la normalidad una normalidad que es muy simple. El Estado es del pueblo, el pueblo delega en unos representantes que elige libremente en listas abiertas y controla a estos representantes durante la legislatura mediante iniciativas vinculantes y referendos que corrijan los errores del parlamento cuando el pueblo lo considere oportuno. Estas medidas no se pueden implantar de la noche a la mañana y sería injusto cambiar las reglas del juego durante la partida. Por ello hay que promover la reforma constitucional y las pertinentes reformas legislativas durante los próximos dos años, para que en las próximas elecciones podamos decidir libremente ya bajo las nuevas normas y se pueda presentar quien esté de acuerdo con las mismas.

Daniel Ordas es abogado y escritor.

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2 comentarios so far
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Estoy de acuerdo con todo lo expuesto, pero dudo que el pueblo español tenga ya la fuerza o voluntad de seguir desarrollando la Constitucion.

Comentario por PedroF76

También estoy de acuerdo en todo, como siempre.
Sin embargo, yo en lo que dudo, es que las fuerzas políticas que han gobernado este país quieran escuchar al pueblo

Comentario por pepepato




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